Ciudadanos presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de lo que califican «mal llamados» abusos policiales puesto que su única finalidad es «criminalizar» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en singular, en su lucha contra el terrorismo. La norma aprobada en el mes de abril por el parlamento vasco, Será recurrida la semana siguiente por la capacitación de Alvert Rivera ante al Tribunal de Garantías. «Defenderemos por todos y cada uno de los medios a los policías y guardias civiles que Por su lado defendieron a la sociedad española del azote del terrorismo separatista vasco», mantienen.

La tramitación de la ley , el pasado 4 de abril, se produjo a lo largo de un bronco pleno del parlamento autonómico en el que un miembro del Congreso de los legisladores de Bildu llamó nazis a Múltiples miembros policiales que habían acudido a la sesión. Votaron A favor de su aprobación PNV y PSE, en contra el PP y se abstuvieron Bildu y Elkarrekin Podemos.

El propósito oficial de Exactamente la misma es reparar a quien haya sufrido «una vulneración de derechos humanos en un momento de violencia de motivación política» entre 1978 y 1999 y la Resolución de quién adquiere el estatus pertinente Será administrativa, recayendo la competencia en diferentes órganos del Gobierno vasco la tarea tramitar y solucionar los expedientes.

No obstante, para la capacitación naranja, Versa de una «mal llamada ley» puesto que «pretende eliminar la presunción de inocencia de los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional» en el ejercicio de su profesión y «someter su actuación a un tribunal administrativo nombrado por políticos sin ninguna garantía procesal».

Amparo al Defensor del Pueblo

Ciudadanos ya pidió hace unas semanas al Defensor del Pueblo, por medio de una pedido formal, que la recurriese al Constitucional y Además inclusive su propio jefe, Albert Rivera, avisó ya Ya antes de las últimas elecciones generales que si llegase a ser 1er magistrado del Gobierno, la recurriría él mismo.

La última ley aprobada en el parlamento vasco modificaba otra afín aprobada en 2016, que no pudo ser desarrollada puesto que el gobierno de Mariano Rajoy la recurrió ante al Constitucional. No obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez retiró el recurso Después de un pacto con el Gobierno vasco y la ley pudo ser por último aprobada.

El artículo más polémico es el que afirma que las vulneraciones de derechos humanos aparentemente sufridas «se podrán acreditar por medio de la aportación de resolución judicial o bien administrativa» que las reconozca o bien «por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial anterior», añadiendo que esa acreditación «no va a poder desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal».

A pesar de que esta última modificación fue impulsada por el PNV y el PSE-EE para zanjar las dudas acerca de la constitucionalidad de la ley original, un fallo de Elkarrekin Podemos en las votaciones motivó el rechazo del 1er artículo de la reforma, que incluye una de las claves para eludir que sea recurrida.

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